Por Petra Saviñón
Las enfermedades de alto costo siguen como una gran carga económica y emocional para las familias pobres en toda la extensión de la palabra. Carentes de recursos para adquirir los medicamentos, faltas de protección estatal, vejadas al solicitar servicio en entidades públicas creadas para respaldarlas.
Víctimas de una seguridad social que cubre a medias y cuando quiere, de un sistema público que no da la cara. Los escaparates de las boticas, dizque farmacias del pueblo, pocas veces exhiben fármacos para sus dolencias y de muchos ya han descontinuado la venta.
¿Será que la tragedia de los pacientes con males que engullen hasta el poco patrimonio, en caso de que lo haya, no conmueve a las autoridades. Sí, a esas que manejan el erario, los fondos que son de toda la población?
La ausencia de programas reales, efectivos que alcancen a la cada vez mayor cantidad de afectados, degenera en un drama que impacta a todos los miembros de la familia y que aumenta la pobreza y los decesos.
En tapete la modificación de la Ley de Seguridad Social. Es buena hora para que tantos aspectos que fomentan desequilibrio sean eliminados y en su lugar colocados muchos que sí cubran, protejan al usuario.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, las Administradoras de Riesgos de Salud y los empleadores deben consensuar una reforma justa, en la que gane el afiliado, y las trabas para acceder a atención no sean más, porque la Dirección de Defensa al Afiliado velará para que así sea.
Alguna vez debe ser echada la mirada sobre los hijos de Machepa, los que forjan con su trabajo, con su esfuerzo una nación más firme y productiva. Esos que son los más y en contraposición, los menos protegidos.
La campana del pobre debe sonar para que la oigan y la atiendan, sus derechos respetados, sin necesidad de que salga a las calles a exigirlos.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.