Por Petra Saviñón
El dolor que lacera a las personas que han perdido parientes en acciones violentas, como asaltos y accidentes de tránsito es aumentado por la falta de respuestas de las autoridades que deben auxiliarlas.
Es tortuoso el periplo que empieza por la Policía, llega hasta el Ministerio Público y termina en el Poder Judicial, para obtener colaboración, así con ese término, como si de un favor tratara.
La cantidad de prófugos por heridas y homicidios es larga y vieja, abarca a gente hasta con 10 años escondida de la justicia y las idas y venidas a los recintos de esas entidades menguan el ánimo y el bolsillo de los más desposeídos.
Con los accidentes es una faena idéntica y da grima la cantidad de personas que acude a las oficinas de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, porque han perdido a un familiar o fueron atropellada en esta escalada de embestidas.
Uno de los escollos es conseguir los videos para actuar en los tribunales. Los fiscales argumentan que esperan la entrega de parte de las empresas cercanas al lugar donde aconteció el impacto y a veces hasta entran en contradicciones que hacen dudar de si los solicitaron en realidad.
Sentir el dolor ajeno, que como decía mi madre no quita sueño, es neurálgico para ser un buen servidor público ligado a este tipo de atención. Cada afectado es una familia desgarrada, cada uno carga su pesada cruz y merece respuesta, solidaridad, humanismo, valores aunados al buen servir.
Dentro de la angustia, del desgarre, es bueno saber qué pasó, cómo ocurrieron los hechos, para dar con los responsables y sobre todo para que vuelva la paz a esas almas abatidas.
Las víctimas necesitan justicia, respaldo estatal, que su voz sea oída, atendida y haréis justicia.