SANTO DOMINGO, RD –En un encuentro que marca un paso de alto valor para el sector productivo nacional, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, presentó este jueves los alcances de la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas.
Pimentel fue el invitado de honor del desayuno organizado por Codopyme, que sirvió de escenario para explicar cómo esta normativa, vigente desde enero de 2026, redefine la relación entre el Estado y las pequeñas empresas.
El desayuno empresarial inició con las palabras de Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), quien destacó la importancia de este marco legal ante una audiencia de directivos, inversionistas y empresarios locales.
Pimentel enfatizó que esta legislación no es solo un cambio de normas, sino un instrumento de justicia económica que convierte al Estado en el socio principal del crecimiento de los pequeños negocios.
La Ley 47-25 introduce cambios estructurales diseñados para inyectar capital y oportunidades directas a las Mipymes.
La reserva obligatoria del presupuesto estatal para compras a Mipymes sube de un 20% a un 30%. En el caso de empresas lideradas por mujeres, la cuota se duplica del 5% al 10%.
También, se establece un anticipo obligatorio del 30% al firmar el contrato, eliminando la barrera de la factura inmediata para recibir fondos.
La ley manda a priorizar la producción nacional, asegurando que el dinero del Estado dinamice las comunidades locales.
«El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema», afirmó Carlos Pimentel.
Además del beneficio económico, la normativa endurece el Régimen de Consecuencias para combatir la corrupción y establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y la factura electrónica.
Esto garantiza que los procesos sean visibles, justos y competitivos para todos los oferentes.
Por su parte, el presidente de Codopyme, dijo que esta ley no es un simple marco jurídico, sino “una herramienta estratégica para la inclusión económica, la democratización de las oportunidades y el fortalecimiento del tejido empresarial dominicano”.
Agregó que esta ley exige elevar los estándares del sector, es decir, “formalizarnos, fortalecernos, capacitarnos y competir con calidad”.
“Esto nos invita a asumir un rol más activo en la economía nacional, no como actores secundarios, sino como protagonistas de desarrollo”, concluyó.
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